El conflicto tiene sus inicios en febrero de 2005, cuando algunos vecinos se dan cuenta de que una empresa, sin cartel de obra, les está haciendo pozos en sus veredas
, rememora Federico Sosta, de la Asamblea Contra la Instalación de la Subestación Rigolleau. Cuando preguntaron la finalidad de esos pozos les contestaron que se trataba de un tendido de cableado telefónico. Descubrir que su verdadero destino se escondía en la subestación ubicada entre las calles 145 y 21 no les llevó demasiado tiempo, cuenta Sosta, de treinta años de edad y quien siguió los pasos de su madre cuando se unió a la asamblea. Muchas señoras mayores empezaron a pararse directamente arriba de los pozos para impedir físicamente la obra
, detalla.
La energía eléctrica ―explica― siempre llega a las subestaciones cuando se traslada de alta tensión a media, pasando de ahí a los transformadores y luego a baja tensión
. La respuesta de Edesur ―la distribuidora local de energía― ante los reclamos vecinales fue que la subestación resultaba ineludible para responder a la creciente necesidad energética de Berazategui. Eso por un lado es verdad
, dice Sosta, pero agrega que el gran aumento de la demanda proviene de un parque industrial y del levantamiento de exclusivos barrios privados, los dos grandes tomadores de energía
de la zona.
Son cancerígenos potenciales
―¿Querés contarnos todos los riesgos que podría implicar está instalación?
Sosta.―Uno es el de la contaminación por PCB, que es un refrigerante cancerígeno comprobado. No sería el caso de esta subestación, pero no está de más decir que a veinte cuadras, en el Barrio San Juan, a pesar de estar prohibido mundialmente sigue habiendo transformadores con PCB. El electromagnetismo, nosotros decimos, basados en un montón de estudios nacionales e internacionales, está relacionado con diferentes tipos de cáncer, especialmente con cáncer de mama y con la leucemia infantil. Todo lo que es electricidad irradia electromagnetismo: alta tensión constante a dos metros de la casa de la gente. Son cancerígenos potenciales y la empresa lo sabe.
―Días atrás denunciaron que Edesur comenzó nuevamente la obra. ¿Qué plazos manejan?
Sosta.―En un principio la obra estaba planteada para septiembre de 2006. Hoy está paralizada por amparos judiciales, por la resistencia vecinal y por algunas discusiones políticas. Hace tiempo que nosotros no tenemos ningún tipo de noticia; jamás nos van a avisar. Para darte una idea: la última vez, Edesur vino a trabajar para hacer el cableado a las cuatro de la mañana, un martes, no con dos tipos, sino con doscientos operarios y doscientos policías de infantería de la provincia. Para ellos, entre más puedan desorientarnos, mientras menos nos podamos enterar, mejor.
Lo que ocurre es que nosotros somos vecinos y, a diferencia de ellos, estamos todos los días frente a la subestación. Por eso el alerta, el comunicado que divulgamos. Es que están entrando cantidades de material de trabajo, ropa, cascos, vallados, todo lo que ellos usan para la obra. Nuestra experiencia dice que cuando hay mucho movimiento en la subestación pueden pasar diez, quince días o un mes y ahí tenemos trabajando otra vez a Edesur.
―Desde 2005 presentaron varios recursos judiciales para detener la obra obteniendo resultados desfavorables. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Sosta.―En su momento nos representaron dos defensorías del consumidor diferentes, que presentaron dos recursos de amparo que cayeron en el Juzgado Federal N.ᵒ 2 de La Plata. Finalmente, el juez falla que ―supuestamente hay un estudio de medicina― no es comprobable que la subestación haga daño. No es comprobable porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) en ningún momento... Digo, hay una comisión internacional para eso y hasta el momento no se ha resuelto el tema. A pesar de eso, como no es comprobable y contrariamente al principio precautorio, que es el que nosotros reclamamos, no da lugar a nuestro amparo y permite la instalación de la subestación. Lo que es curioso es que es el mismo juez que falla en la Subestación Sobral de Ezpeleta para que no se sigan las obras.
Pensar en tiempos electoralistas
―¿Cuál es su relación con el Intendente? Aprobó el proyecto, luego los apoyó en su reclamo y finalmente los traicionó...
Sosta.―Nosotros buscamos el traslado de la subestación, pero no estamos buscando la cabeza de un político, más allá de la opinión personal de cada vecino dentro de la asamblea. En su momento, el Intendente lo primero que hizo fue aprobarlo; después de las primeras marchas, sacó un decreto. De hecho, hay un juicio que se termina ganando: el juzgado falla que el Municipio tiene derecho a decidir sobre las obras que se realizan en su partido. Eso lo tenés que pensar en tiempos electoralistas: generalmente se ponen de tu lado antes de las elecciones y después te dan la espalda. Pero, ¿qué pasa? El negocio está puesto y cuando sale el último fallo del juez le tira la pelota ―no es un término muy legal― al Intendente. Dice que la subestación no puede funcionar siempre y cuando el Decreto 758 se mantenga en pie.
―¿Era el decreto que suspendía la obra?
Sosta.―Era el decreto del Intendente que la anulaba. A los tres días sacó un nuevo decreto que cancelaba al anterior. Y asunto acabado. O sea, el mismo tipo que en otro momento se rasgaba las vestiduras por defender a los vecinos, no tuvo problema dos años después en anular su decreto, cambiar todo. La gente comenta que anda diciendo en pequeños actos que las subestaciones no son dañinas.
―¿Y en su primer decreto hablaba de la peligrosidad de este tipo de instalaciones?
Sosta.―En 2006 el Intendente, en una de las pocas reuniones que hubo con vecinos, porque nunca hubo intención de reunirse y charlar ―encima él es médico, no puede proclamarse ignorante en el tema―, dijo que iba a tratar de impedir todo lo que fuera nocivo, que estaba a favor de los vecinos y que si la Justicia fallaba en contra él iba a apelar en los tribunales internacionales. Está firmado, tenemos el acta... Todavía estamos esperando.
―En el caso de la Subestación Sobral de Ezpeleta, cuentan que Edesur se amparó en unos estudios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para negar la vinculación de esa instalación con los numerosos muertos y enfermos de cáncer que se registran en esa localidad. ¿Conocen esos estudios?
Sosta.―Los estudios nunca llegaron a nuestras manos. La gente de Ezpeleta, los pocos que fueron entrevistados, dicen que les preguntaban tres o cuatro pavadas: si tenían televisor, si usaban el secador de pelo y si había personas con cáncer. Pero es un estudio medicinal no epidemiológico, no permite sacar una estadística. Dicen que era una truchada. Hay una cosa puntual que me gustaría remarcar: por más que la Universidad de La Plata, la UBA o la Tecnológica Nacional hagan los estudios que hagan, no pueden afirmar, porque estarían en contra de la OMS, que una subestación no es dañina. Iría en contra de un estamento superior, a no ser que se trate de un descubrimiento científico de primer nivel.
―¿Y qué pasó con la Subestación Sobral?
Sosta.―Sigue funcionando, tiene un pedido de traslado desde la Justicia que se prorroga cada tanto. Hay un fallo donde no se permite aumentar su voltaje, que es algo que se suele hacer. Por ejemplo, saltar de doscientos cincuenta a quinientos mil voltios. Tenía, creo que para 2008 ó 2010, el pedido de traslado. Hoy por hoy está ahí, no tiene fecha, nada se está moviendo. En el mejor de los casos la trasladarán a cuatro, cinco o diez cuadras, al barrio de otro.
La legislación argentina está muy atrasada
―¿Y ustedes han podido acceder a especialistas o a estudios científicos locales que les permitan conocer realmente lo que puede llegar a suceder?
Sosta.―A nivel nacional el profesional de más renombre con el que tenemos contacto ―no muy cercano― es con el biólogo Raúl Montenegro, que hizo un estudio bastante específico sobre la Subestación Sobral. El tema es que la legislación argentina permite hasta veinticinco microteslas ―la unidad de medida del electromagnetismo (μT)― en la calle. Montenegro, que tampoco lo inventa, sino que lo toma de muchos estudios, dice que a partir de 0,3 μT empieza a ser nocivo en la salud. Por más que cualquier especialista venga y mida 23 μT, está legalmente amparado. La legislación argentina está muy atrasada y no contempla en ningún sentido la salud de la población.
―Entonces, ¿las leyes del Estado argentino no los protegen?
Sosta.―No. La normativa, en cuanto a mediciones electromagnéticas, está atrasada, totalmente alejada de estudios que tratan estos temas. Se amparan en que hay países que están peor, pero hay países que tienen normativas mucho más bajas, cercanas a lo que se está buscando.
Hay grupos con intereses muy preocupados
―A través de Internet pudieron conocer que la alarma por la contaminación electromagnética es mundial
. ¿Qué pudieron aprender?, ¿con otras leyes igualmente los casos se repiten?
Sosta.―Aparentemente sí. Por mucho tiempo estuvimos encerrados en el alcance telefónico con vecinos de Ituzaingó, Berazategui, Avellaneda y Quilmes, pero cuando uno sale un poquito más los reclamos se repiten, hasta donde nosotros conocemos, en Estados Unidos, Australia, en España. Hay que darse cuenta que acá hay un tema que es importante, que no es pequeño, que es mundial, y que hay grupos con intereses muy preocupados por taparlo. No es menor que un día la OMS, suponiendo que tuviera interés, dijera que las subestaciones contaminan. Eso hablaría de un replanteo de las redes de electricidad en todo el mundo. Cualquiera que se levante una mañana y se dé cuenta que tiene hace veinte años una subestación al lado la va a empezar a mirar de otra manera. La presión política es grande sobre los reclamos, que en un principio parecen chicos, de un barrio. Cuando empezás a investigar es mucho más grande de lo que parece.
―¿Saben de otros conflictos similares en Argentina?, ¿creen que será posible trasladar todas las subestaciones fuera de las áreas pobladas?
Sosta.―Esto es personal, creo difícil que se puedan trasladar todas las subestaciones, por cuestiones técnicas. No soy un experto, pero es difícil mover en zonas urbanas todas las estaciones de alta tensión. Pero hay montones de precauciones para minimizar los riesgos de la exposición a estos campos. Por ejemplo, Edesur terceriza los trabajos de cableado. La legislación dice que tiene que ir a 2,20 m de profundidad, pero los pozos no pasan los 1,50 m; los caños son comunes y tienen que estar recubiertos. Ahí volvemos a lo que pasa acá en Argentina: la falta de control sobre las obras.
Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik para la Agencia de Noticias Biodiversidadla.
Agencia de Noticias Biodiversidadla
http://biodiversidadla.org/content/view/full/57998
