A pesar de la resistencia que incluso se difunde en los medios de prensa, desde la Asociación Obrera Minera Argentina su titular, Héctor Laplace, reconoció cierta resignación frente a la decisión política tomada en pos de terminar con la explotación minera en Tandil. “Evidentemente no hay marcha atrás, las autoridades locales seguirán con la misma tendencia y en definitiva se aprobará la ley (…) nosotros tendremos que bregar para que nuestra gente esté en el mejor lugar, que esté tranquila, que cobre lo que la misma ley está marcando”, afirmó.
En medio del renovado debate que ahora tiene su epicentro en la Cámara de Diputados provincial, a partir del aún dilatado tratamiento del proyecto que declara a las sierras dentro de la Poligonal como Paisaje Protegido, Héctor Laplace, de Aoma nacional reiteró sus críticas frente a lo que se propone como salida a la situación canteril en Tandil. Empero, dejó en claro cierta resignación frente a lo que resulta una decisión política asumido por el intendente Lunghi y avalado por el gobernador Scioli.En diálogo con el programa Examen Final de la Am 1560, Laplace aclaró acerca de las denuncias por looby que “desde la Asociación Minera Argentina no hemos tenido contactos salvo los oficiales. No hacemos looby porque lo que nos corresponde a nosotros como defensa sindical es defender los puestos de trabajo. Hicimos reuniones tiempo atrás, incluso con el ex senador Auza, quien fue un poco el mentor de este proyecto, pero bueno, a nadie escapa que hay una fuerte decisión del gobierno municipal en aras de impulsar este proyecto de ley que nosotros lo vemos como perjudicial para la Provincia, el municipio y ni que hablar de nuestra gente que queda al desamparo”.
El dirigente minero no obvió mencionar que “se trata de dos y tres generaciones que están en la actividad minera y lo que nos interesaría es seguir en esto”.
Sobre la amenaza de litigios que los empresarios dicen estar dispuestos a emprender si se aprueba la ley, aclaró que “yo no debiera hacerme problema por lo que hacen o dicen los empresarios porque en definitiva ante una instancia judicial ellos no van a tener problema en cuanto a su futuro ni de sus familias, el problema acá es el de los trabajadores, por eso los defendemos porque para eso nos elijen y forma parte de nuestras obligaciones”.
Apuntando sus críticas al jefe comunal, señaló que “hay una decisión política que no avala la actividad de las canteras, y que quede claro: esto no empieza ni termina con las empresas que están dentro de la Poligonal. A mi un puesto de trabajo me preocupa como los 60 que ahora estamos hablando. Habría que preguntarle al intendente que muy sueltito de cuerpo dice por los medios que defendemos a 60 puestos de trabajos y no hablamos de los miles que genera el turismo”.
Si reconoció que el proyecto establece garantías para los trabajadores, respondió que “queremos seguir trabajando en la minería, por eso desde nuestra óptica hubiera sido lo mejor posibilitar el traslado de las empresas y así se garantizaba la continuidad de la actividad”.
También admitió por la preocupación acerca de fijar cierto precedente. “Desde la Asociación tengo que manifestar que sin duda esta decisión puede tener un correlato en otro partido de la provincia de Buenos Aires. No se olvide que ya no hablaríamos de las 60 personas que alude el municipio, en Olavarría están involucrados más de dos mil”.
Preguntado sobre los incumplimientos de las canteras frente a lo que oportunamente se había acordado, Laplace reconoció que “hay empresas que tienen que hacer cosas que no hicieron, incluso se había comprometido a realizar las obras pendientes”, pero insistió: “Tandil no tiene solución, hay una decisión política, generalmente la política se maneja para donde va la gente y si hoy tenemos un intendente en Tandil que tiene un 80 por ciento de imagen positiva difícilmente este escenario se revierta. Ahora bien, yo quiero ver qué explicación le van a dar a los 60 puestos de trabajo en forma directa y otro centenar de manera indirecta”.
El dirigente insistió en que “evidentemente no hay marcha atrás, las autoridades locales seguirán con la misma tendencia y en definitiva se aprobará la ley y seguramente después pasará el tiempo en que se ejecuten demandas, pero por supuesto eso no formará parte de nuestra Asociación. Lo que tendremos que bregar en definitiva es para que nuestra gente esté en el mejor lugar, que esté tranquila, que cobre lo que la misma ley está marcando”.
Sobre la continuidad e indemnizaciones para los obreros involucrados, sostuvo que “la Provincia hoy no es garante de nada, con solo observar los rojos que tiene la administración bonaerense no nos da garantías que nuestra gente que tenga que retirarse de la actividad va a seguir cobrando, recibiendo una indemnización y fuente de trabajo”.
La senadora Gainza respalda norma que protege el paisaje serrano y regula la minería
La senadora provincial María Isabel Gainza expresó su apoyo al denominado proyecto de ley de "paisaje protegido", que establece que los yacimientos mineros deben ubicarse a 20 kilómetros del casco urbano de ciudades como Olavarría y Tandil, y que debe ser el estado quien establezca regulaciones que permitan que actividades como minería y turismo sean compatibles.
El proyecto obtuvo media sanción del Senado provincial el año pasado y se estima que en las próximas semanas la cámara baja podría convertilo en ley. La normativa genera la resistencia del sector minero que asegura que su aplicación causaría perjuicios económicos y la pérdida de puestos de trabajo.
Gainza subrayó que a pesar de no encontrarse en funciones cuando la normativa fue aprobada, sabe que "se puso especial cuidado en el resguardo de las fuentes laborales, y se han tomado todos los recaudos del caso. En Tandil, la opinión generalizada es que las explotaciones mineras se acercan cada vez más a la ciudad y eso afecta no sólo al medio ambiente sino también a la calidad de vida. El perfil turístico que ha adoptado esta ciudad hace que algunos operadores opinen que este tipo de explotaciones afecta a cientos de puestos de trabajo que dependen del turismo, mientras que por el lado de la minería serían perjudicadas unas 60 fuentes de trabajo, que ya están aseguradas".
La legisladora por Coalición Cívica consideró que el estado debe controlar la activdad para evitar nocivas consecuencias sobre el medio ambiente. "Muchas empresas que han explotado la tierra, han dejado pozos enormes y se han olvidado de lo que establece la legislación respecto de la forestación necesaria y otras compensaciones por esa misma explotación. Cuando uno se excede, es lógico que esas cosas se reprochen", argumentó la senadora de la 7° sección.
Asimismo, Gainza alertó sobre la concentración que existe en el sector minero. "También creo que es cierto lo que dicen las pymes mineras, que las grandes empresas se han quedado con todos los terrenos donde hay yacimientos de piedra caliza, y me parece que una solución a este problema lo podría aportar la mediación del Estado para interceder ante las cementeras para que fraccionen y vendan alguna franja de terreno", concluyó.
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