Por mayoría, el Radicalismo, Ersinger y Bracciale aprobaron una resolución contra la normativa. El FPV no acompañó. Alderete, líder de la CCC, celebró el pronunciamiento.
Como un hecho inédito en los municipios del país, Tandil se pronunció a través de su Concejo Deliberante en contra de la Ley Antiterrorista y reclamó la derogación, en el medio de una ruidosa sesión donde organizaciones sociales y políticas celebraron el pronunciamiento local.
La resolución, impulsada por el lunghismo, fue acompañada por Mario Bracciale y Claudio Ersinger (ex Unión PRO), pero el bloque del Frente para la Victoria no levantó la mano. Los kirchneristas mostraron así su alineamiento pleno a la Casa Rosada, que impulsó esta polémica legislación.
Como novedad se erigió la presencia en Tandil de Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa a nivel nacional. El dirigente estuvo en la barra donde las agrupaciones apoyaron el proyecto de la legislatura serrana. Es que las organizaciones políticas, sindicatos y otras entidades del orden social ya expresaron su malestar con la decisión K, al considerarla una herramienta para criminalizar la protesta social.
El único que tomó la palabra fue el radical Atilio Magnasco, quien argumentó los motivos de la iniciativa que llegará al Congreso Nacional.
El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical presentó sobre tablas una propuesta que está en sintonía con un amplio marco de organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos, las que se pronunciaron en contra de esta ley, solicitando su derogación, ya que la misma "significa una profundización de la criminalización de la protesta social", opinaron.
Se trata de la ley 26.734 recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. La norma incrementa en el doble la escala de penas cuando alguno de los delitos previsto en el Código Penal Argentino hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Junto con esta modificación al Código Penal sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista se introduce un segundo cambio, que incorpora como delitos el lavado de dinero y aquellas conductas que afecten el orden económico y financiero.
La preocupación del bloque oficialista abreva en la opinión calificada de especialistas en la materia. Cabe recordar que ambos proyectos fueron duramente criticados por el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien afirmó que “es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas”.
El jurista opinó además que la ley antiterrorista no sólo no es necesaria sino que es un disparate. Y aseguró que el GAFI “nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes, nos va a sancionar económicamente” cuando originariamente el organismo no tiene facultades para hacerlo, ya que su función es emitir recomendaciones a los gobiernos.
Sin ir más lejos, la controvertida Ley Antiterrorista es innecesaria pues, como señaló Zaffaroni, “en Argentina, la muerte de una sola persona con un medio capaz de causar grandes estragos tiene pena perpetua en nuestro Código desde hace 90 años”. Por otro lado, los delitos de financiación al terrorismo ya están contemplados en otras figuras existentes en el Código Penal.
El presidente del Concejo Deliberante, doctor Juan Pablo Frolik, opinó que "la utilización de conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social, tal como ha ocurrido en Chile con una norma similar que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche por cargos asociados al incendio de bosques".
El proyecto de resolución pone también reparos al señalar que "si bien la ley establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo".
Los ediles radicales justificaron esta preocupación con un antecedente concreto: "El caso de un reclamo por un derecho humano esencial como la salud pública en función de la contaminación de la minera La Alumbrera donde un fiscal provincial les imputó a los nueve detenidos el delito abarcado por la Ley Antiterrorista".
Finalmente, los ediles del radicalismo consideraron que está en juego, lisa y llanamente, habilitar la persecución y control de la protesta social actuando sobre los individuos, suprimiendo las garantías penales y legalizando una respuesta cada vez más represiva por parte del Estado, situaciones éstas que surgen como consecuencia natural del texto de la ley ya que la misma no clarifica quien o quienes son terroristas ni cuáles son los parámetros para determinar los que atenten contra la seguridad del pueblo.
La resolución, impulsada por el lunghismo, fue acompañada por Mario Bracciale y Claudio Ersinger (ex Unión PRO), pero el bloque del Frente para la Victoria no levantó la mano. Los kirchneristas mostraron así su alineamiento pleno a la Casa Rosada, que impulsó esta polémica legislación.
Como novedad se erigió la presencia en Tandil de Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa a nivel nacional. El dirigente estuvo en la barra donde las agrupaciones apoyaron el proyecto de la legislatura serrana. Es que las organizaciones políticas, sindicatos y otras entidades del orden social ya expresaron su malestar con la decisión K, al considerarla una herramienta para criminalizar la protesta social.
El único que tomó la palabra fue el radical Atilio Magnasco, quien argumentó los motivos de la iniciativa que llegará al Congreso Nacional.
El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical presentó sobre tablas una propuesta que está en sintonía con un amplio marco de organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos, las que se pronunciaron en contra de esta ley, solicitando su derogación, ya que la misma "significa una profundización de la criminalización de la protesta social", opinaron.
Se trata de la ley 26.734 recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. La norma incrementa en el doble la escala de penas cuando alguno de los delitos previsto en el Código Penal Argentino hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Junto con esta modificación al Código Penal sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista se introduce un segundo cambio, que incorpora como delitos el lavado de dinero y aquellas conductas que afecten el orden económico y financiero.
La preocupación del bloque oficialista abreva en la opinión calificada de especialistas en la materia. Cabe recordar que ambos proyectos fueron duramente criticados por el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien afirmó que “es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas”.
El jurista opinó además que la ley antiterrorista no sólo no es necesaria sino que es un disparate. Y aseguró que el GAFI “nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes, nos va a sancionar económicamente” cuando originariamente el organismo no tiene facultades para hacerlo, ya que su función es emitir recomendaciones a los gobiernos.
Sin ir más lejos, la controvertida Ley Antiterrorista es innecesaria pues, como señaló Zaffaroni, “en Argentina, la muerte de una sola persona con un medio capaz de causar grandes estragos tiene pena perpetua en nuestro Código desde hace 90 años”. Por otro lado, los delitos de financiación al terrorismo ya están contemplados en otras figuras existentes en el Código Penal.
El presidente del Concejo Deliberante, doctor Juan Pablo Frolik, opinó que "la utilización de conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social, tal como ha ocurrido en Chile con una norma similar que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche por cargos asociados al incendio de bosques".
El proyecto de resolución pone también reparos al señalar que "si bien la ley establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo".
Los ediles radicales justificaron esta preocupación con un antecedente concreto: "El caso de un reclamo por un derecho humano esencial como la salud pública en función de la contaminación de la minera La Alumbrera donde un fiscal provincial les imputó a los nueve detenidos el delito abarcado por la Ley Antiterrorista".
Finalmente, los ediles del radicalismo consideraron que está en juego, lisa y llanamente, habilitar la persecución y control de la protesta social actuando sobre los individuos, suprimiendo las garantías penales y legalizando una respuesta cada vez más represiva por parte del Estado, situaciones éstas que surgen como consecuencia natural del texto de la ley ya que la misma no clarifica quien o quienes son terroristas ni cuáles son los parámetros para determinar los que atenten contra la seguridad del pueblo.
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