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lunes, 31 de octubre de 2011

Investigan a 4 policías por la muerte de un ecologista


31/10/11
Habrían hecho pasar un asesinato por un suicidio. La víctima se oponía al cobro de peaje en una calle para llegar a la laguna de Lobos. Los sospechados son 2 oficiales y 2 suboficiales. Creen que estaban combinados con quienes controlaban ese paso
Lugar. La casa del ecologísta Carlos Castello, donde apareció muerto de un disparo en la cabeza.
Lugar. La casa del ecologísta Carlos Castello, donde apareció muerto de un disparo en la cabeza

Durante casi tres años, los investigadores pretendieron sostener la hipótesis de que el ecologista Carlos Alberto Castello (62) se había suicidado en octubre de 2008, en la ciudad bonaerense de Lobos. Pero la persistencia de los familiares de la víctima y el peso de algunas pruebas provocaron un giro en el caso: ahora la Justicia puso la lupa sobre cuatro policías, sospechados de encubrir el crimen y de manipular pericias.
El domingo 19 de octubre de 2008, los hijastros de Castello lo encontraron muerto en una habitación de la casona ubicada frente a la laguna de esa ciudad bonaerense.
Había un arma cerca del cuerpo y la víctima tenía un disparo en la cabeza.
A los minutos llegaron los policías del destacamento, que está situado a 70 metros de la vivienda de Castello.
“Averiguación de causales de muerte”, decía la tapa del expediente.
Enseguida se especuló con un eventual suicidio.
Dos oficiales y dos suboficiales de esa comisaría son los que están sospechados por la nueva fiscal que tomó el caso, Ana Medina, quien cree que los funcionarios modificaron la escena, hicieron declaraciones falsas y dos de ellos no pudieron confirmar dónde estaban la noche de la muerte.
Castello vivía solo. Estaba retirado de su actividad como distribuidor de productos alimenticios y aunque tenía domicilio legal en la Capital Federal había decidido instalarse en una casa frente a la laguna de Lobos para disfrutar de algunas rentas y vivir en medio de un entorno natural.
Atravesaba la etapa final de un tratamiento por cáncer.
Algunos allegados se animaron a decir que estaba algo deprimido. Ningún otro dato como para sostener la hipótesis de un suicidio. La investigación avanzó a pasos lentos. Mientras, Eduardo Castello, hermano de la víctima, había denunciado algunas irregularidades. Hasta que la Fiscalía General de La Plata decidió remitir la causa a Ana Medina.
El misterio que rodeaba el caso de la muerte del ecologista Carlos Castello se ampliaba por la falta de un móvil claro.
Sin embargo, un elemento conocido hace un tiempo parece reforzar la teoría del asesinato : Medina logró incorporar una pericia que determinó que la bala hallada cerca del cadáver “no tenía restos de sangre”. Era una prueba de la Policía Científica realizada en noviembre de 2008, que sin embargo nunca fue admitida por la fiscalía que inició el proceso, a cargo de Patricia Hortel. Se sospecha que esa bala fue “plantada”.
Los muebles y las puertas de la habitación donde murió Castello estaban “perfectamente limpias”. No se pudieron levantar huellas.
La sospecha de los investigadores es que alguien limpió la escena.
El arma secuestrada cerca del cuerpo tenía numeración limada, aunque el ambientalista había registrado su revólver en el RENAR.
La única controversia que registraba la vida de este ecologista era su tarea comunitaria para evitar la clausura de una calle de acceso gratuito de navegantes a la laguna de Lobos.
Esa vía era reclamada por el Club de Pesca. Y tenía un aval de la municipalidad. Según fuentes del caso, Castello se oponía a la privatización de esa calle en la que se cobraba peaje a pescadores que querían bajar a la laguna.
La posibilidad de un robo también se pensó como opción, aunque la Justicia no profundizó esa línea. Castello tenía ahorros que desaparecieron luego de su muerte. Sin embargo, fuentes del caso creen que el móvil del crimen habría sido que los policías estaban “arreglados” con el control de la calle que la víctima quería reabrir.
El hermano de Castello, un veterinario que vive en Capital, ya no tiene dudas: “Esto fue un asesinato”.
El veterinario pidió al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, que aparte a los policías mencionados por la Justicia para garantizar transparencia en la investigación.
Los policías siguen en actividad.
La persistencia del hermano logró un primer paso: ahora la carátula del expediente lleva el título de “homicidio” para que la investigación pueda reconstruir la verdad de lo ocurrido ese domingo de octubre de 2008.

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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