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viernes, 25 de diciembre de 2009

Minería y Universidad. Aporte al Debate

El profesor Leonardo Vaccarezza de la Universidad Nacional de Quilmes realiza en esta “Carta sobre La Alumbrera” un interesante aporte sobre el debate en torno a los recursos financieros provenientes de la actividad minera y el rol de la universidad.

Carta sobre La Alumbrera

En la Asamblea Universitaria del pasado 28 de Noviembre el señor Vicerrector anunció, a raíz de la inquietud planteada por un asambleísta, la posibilidad de poner en consideración en el ámbito del Consejo Superior la decisión de aceptar o no los fondos provenientes de la explotación de la cantera Bajo la Alumbrera, de la Provincia de Catamarca, la cual, por el régimen de propiedad existente, genera beneficios coparticipables en el sistema universitario nacional. Como es de público conocimiento en diversas unidades académicas del país se han producido discusiones en sus instancias institucionales, llegando en algunos casos al rechazo de los fondos en base a consideraciones éticas.

La realización un trabajo de campo en la localidad de Andalgalá, sede del emprendimiento minero, me permitió una visión del problema y del conflicto social generado en relación con dicha explotación.

En razón de ello, y con la esperanza de contribuir en alguna medida con el aporte de elementos a la decisión, me permito transmitir a la comunidad universitaria algunas impresiones sobre el caso.

A continuación indico algunos de los ejes de conflicto generados a lo largo de los más de 10 años de una explotación enmarcada en la tecnología minera denominada de cielo abierto, destacando que la controversia refiere a la afirmación o negación de los siguientes daños:

a) contaminación ambiental, especialmente de los cursos de agua superficial y subterránea debido a posibles filtraciones de sulfuros y metales pesados a partir de los depósitos de material extraído (dique de colas)

b) contaminación ambiental por causa de siniestros vinculados al transporte del material extraído, como los ocurridos en el mineraloducto de más de 300 km.

c) Efectos sobre la salud humana: cáncer, leucemia, enfermedades respiratorias.

d) Deterioro de la producción agropecuaria: muerte de animales y reducción de los rendimientos agrícolas.

e) Compromiso en el uso del agua que limitaría su utilización agropecuaria, tanto por cantidad como por calidad.

f) Contaminación del aire debido al intenso uso de explosivos para la apertura de canteras (open-pie) y el intenso tránsito de utilitarios y maquinarias en los ambientes poblados.

g) Escaso impacto socio-económico positivo en el nivel local en relación con las grandes magnitudes de la producción y las utilidades de la unión de empresas concesionadas.

h) Desorganización social, generación de división y conflictos en la comunidad local, introducción de prácticas de corrupción y cooptación, censura en los medios y represión.

Dados los objetivos que me llevaron a tomar contacto con la zona, mi indagación soslayó todo intento de comprobación empírica de tales hechos, concentrándome en la producción de significados por parte de agentes sociales que sostienen posiciones diferentes frente a esa explotación minera.

En la actualidad, la comunidad de Andalgalá se encuentra escindida en relación a la aceptación de la actividad minera. A diferencia de los primeros años de explotación en los que la empresa incorporó pocos lugareños a la actividad, en los últimos años se ha practicado una estrategia de absorción (caracterizada por algunos críticos como cooptación) de mano de obra local, lo cual ha generado una disminución de los actos de oposición al emprendimiento, ya que muchos pobladores se vieron beneficiados con el incremento del ingreso familiar a raíz de contar con algún miembro del grupo doméstico trabajando ya sea en la empresa minera Alumbrera, en el nuevo consorcio de Agua Rica próximo a iniciar la explotación o en empresas contratistas para ambos emprendimientos. Aún cuando el temor a los efectos negativos señalados no ha menguado, se observa un claro sentimiento de “ambivalencia” en la población, típico de la confluencia contradictoria entre beneficios directos y riesgos o daños indirectos.

El conflicto en torno a los beneficios y perjuicios de la Alumbrera se manifiesta, aún, como una controversia en la que se enfatizan los rasgos ideológicos y de intereses particulares: por una parte, se adjudica a la empresa, pero también a los gobiernos provincial y municipal, una orientación a favor de los intereses multinacionales en perjuicio del desarrollo local; por la otra, el público que se manifiesta en contra de la actividad minera es caracterizado como “fundamentalista”, contrarios a la modernización de la localidad y de la estructura productiva.

Contribuye a este proceso la falta de información sistemática y evaluable de manera independiente sobre los distintos aspectos bajo discusión. Los informes sobre monitoreo de la contaminación hídrica realizados por la misma empresa no son difundidos a la población interesada, amén de que se percibe que sus conclusiones estarían teñidas por los intereses de aquélla. Informes encargados por gobiernos a organismos nacionales independientes (algunos universitarios) son retaceados a la opinión pública. Las estadísticas hospitalarias sobre enfermedades también son desconocidas por el público y toda información proviene de trascendidos o contactos informales. A lo largo de los años no ha sido posible mantener discusiones abiertas entre expertos y vecinos en torno a los riesgos, perjuicios y beneficios de la actividad, y tanto agentes pro-mineros como opositores a la mina se acusan mutuamente de eludir el diálogo. Ciertamente el municipio no ha sabido canalizar las inquietudes del público facilitando la democratización de la información y la construcción del diálogo; por el contrario, parece haber optado por una posición claramente pro-minera rechazando toda afirmación que ponga en cuestión la conveniencia de la actividad. Todo ello alimenta la desconfianza del público hacia las instituciones locales como el municipio y el hospital, y refuerza el sentimiento de ambivalencia antes mencionado. Ello se inscribe en un proceso de modificación de la identidad social de la comunidad: la pérdida de los “valores” agrícolas, la irrupción de elementos de modernidad tecnológica inmanejables a escala local, la transformación paisajística (eliminación de cumbres de cerros, cambios de cauces hídricos por efecto de la actividad minera), reconversiones ocupacionales violentas, divisiones y conflicto social permanente en el seno de los grupos familiares y comunitarios (entre los pro y contra la mina), todo lo cual incrementa el estado de “sufrimiento colectivo” que no ha sido asumido como problema por la autoridad pública.

Todo ello no es necesariamente atribuible a la opción de producción minera en las condiciones que actualmente se lleva a cabo. Sin embargo, es obvio que la presencia de ésta es una condición favorable a la emergencia de la situación descripta. La minería -pero en particular un tipo de explotación masivo y potencialmente contaminante del ambiente físico y social como el que se ha impuesto internacionalmente en los últimos veinte años- debería ser puesta en proceso de evaluación sistemática, enmarcada en conceptos múltiples, sopesando beneficios colectivos e individuales, globales y locales, con perjuicios de distinta naturaleza y riesgos. Aún sin pretender la aplicación del principio precautorio como medida de orientación en las decisiones productivas, la conmoción que provoca en los niveles locales la instalación de emprendimientos del tipo parece reclamar una reflexión y análisis serio y completo de sus consecuencias con vistas a evaluar su legitimidad. Por cierto, ello no es potestad exclusiva de los pobladores de Andalgalá, sino que debería ser un tema, a mi criterio, que convoque de manera responsable a diferentes actores y sectores sociales del país, habida cuenta de que existe una amplia expansión de la actividad y una política nacional y políticas provinciales contestes.

En este plano, entiendo que el papel de la universidad pública es central, no solamente como fuente de “experticia” en diferentes esferas del conocimiento científico y tecnológico, sino como institución moral en términos de transparencia y difusión del conocimiento. En el caso de la Alumbrera, se puede observar que la dimensión moral del conocimiento está ausente. El retaceo de información sobre indicadores directos, la falta de reflexión y análisis de modelos de procesos (que generalmente se confeccionan con componentes técnicos demasiado acotados y sin considerar la relación de lo tecnológico con lo social y humano), la irresolución del conflicto entre información contradictoria o por lo menos diferentes de distintas fuentes, la ausencia total de atención por parte de los expertos sobre el conocimiento local o propio de los legos, nacido de la experiencia cotidiana (“expertos por experiencia”), todo ello constituye un estado de la cuestión que, indudablemente, no aporta tanto a la resolución de los problemas puntuales de los ámbitos donde se instalan los grandes emprendimientos mineros, como a la reflexión y clarificación de la legitimidad, conveniencia u oportunidad de la política minera en Argentina. La universidad pública, en ello, tiene una función clara y necesaria. Constituir programas interuniversitarios, con pluralidad de disciplinas, incorporando el saber local cuando corresponda, revisando no solamente la calidad disciplinaria de la información, los informes de evaluación y sustentabilidad ambiental de las distintas obras e inversiones, sino también la pertinencia social de las misma desde una perspectiva multidisciplinaria puede ser un camino que no solamente aporte a la solución de tales cuestiones sino también que enriquezca a la universidad como institución del saber y como eje moral de la sociedad actual. Entiendo que este esfuerzo de reflexión y acción de la universidad pública es condicionante de la discusión sobre la aceptación o rechazo de los fondos provenientes de la explotación minera en Bajo la Alumbrera.

Leonardo Silvio Vaccarezza

Bernal, 11 de diciembre de 2009

http://www.escyt.org/2009/12/24/mineria-y-universidad-aporte-al-debate/

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!