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17º UAC EN BUENOS AIRES

lunes, 28 de marzo de 2011

MATÓ POR LA ESPALDA, LO CONDENARON... Y SIGUE EN EL GRUPO HALCÓN

Fusilamiento de Christopher Torres:
 
 
MATÓ POR LA ESPALDA, LO CONDENARON...
Y SIGUE EN EL GRUPO HALCÓN
 
El tribunal oral nº 2 de Mercedes condenó hoy a un teniente de la policía bonaerense a la pena de 12 años de prisión por el delito de homicidio. Los jueces consideraron un atenuante "el buen concepto evidenciado por sus superiores, que lo conservaron en la fuerza a pesar de estar procesado por homicidio".
Por eso ahora, y por orden de los mismos jueces, el policía condenado por haber fusilado un adolescente por la espalda, seguirá en libertad, y prestando servicios en el "Grupo Halcón", la elite de la policía provincial. 
 
 
En una sala atestada de familiares de víctimas del gatillo fácil y la tortura venidos desde la ciudad de Buenos Aires y el sur, norte y oeste del conurbano, todos militantes de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), los jueces María Graciela Larroque, Fernando Bustos Berrondo y Marco Tomas Estanislao Barski, integrantes del tribunal oral criminal nº 2 de Mercedes, dieron a conocer la sentencia en el juicio contra el teniente Luis Oscar Ayunta, acusado por el fusilamiento de Christopher Torres (17).
 
En el fallo, dictado por unanimidad, los magistrados tuvieron por plenamente probado que el 2 de octubre de 2008, al mediodía, el teniente Ayunta, acompañado por su hermano y otro hombre, disparó desde su auto particular hacia la espalda del adolescente Christopher Torres, hiriéndolo, debido a la diferencia de altura, en el glúteo izquierdo. La bala, antes de salir por el abdomen, seccionó varias arterias, entre ellas la ilíaca, por lo que en pocos minutos el chico murió desangrado.
 
El Dr. Bustos Berrondo, autor del voto preopinante, desestimó la versión del policía, quien dijo, apoyado por su hermano y el hombre que los acompañaba, que el chico le disparó con un arma que portaba.
 
"Todos los testigos, excepto ellos, oyeron un solo tiro", afirmó el juez. "El joven no esgrimió arma alguna, y el disparo fue por la espalda, cuando intentaba huir".
 
Sus colegas Barski y Larroque adhirieron al primer voto, por ser su "sincera convicción". También por unanimidad, los jueces rechazaron la acusación por "homicidio calificado" por ser cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad estatales (art. 80 inc. 9º del código penal) que habían propiciado en sus alegatos la fiscalía y los abogados de la familia Torres, Ismael Jalil y María del Carmen Verdú, ambos de CORREPI.
Finalmente, condenaron a Ayunta por homicidio simple (art. 79 CP) a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación, accesorias legales y costas.
 
Pero, a pesar de la condena, y de las agravantes (el uso de arma de fuego y la "drástica forma de resolver el conflicto") los jueces decidieron que el policía, que llegó en libertad al juicio, continúe sin ir preso, fundados en "su apego al proceso".
 
Además, consideraron como atenuante el "buen concepto de sus superiores, evidenciado en que que lo conservaron en la fuerza a pesar de estar procesado por homicidio".
 
Efectivamente, Ayunta sigue prestando servicios en el Grupo Halcón, uno de los grupos especiales de elite de la policía bonaerense, y pasó el verano custodiando el distinguido balneario de Cariló, donde vacacionan políticos, empresarios y funcionarios en impactantes mansiones.
 
"Esta sentencia muestra una de las formas en que los jueces resuelven su contradicción cuando no pueden evitar la condena a un policía, porque la prueba es irrebatible, y, a la vez, deben cumplir su deber de garantizarle la impunidad.
 
Qué mejor, para salvar al perro guardián de su clase, que tratar de conformarnos con una sentencia dura, pero simbólica, mientras lo dejan en libertad",  declaró a la salida del tribunal Jalil, mientras medio centenar de militantes de CORREPI se agolpaban frente al vallado con un enorme dispositivo policial que neutralizó el tránsito en dos cuadras a la redonda del edificio.
 
"No lo detuvieron porque nunca estuvo detenido antes, y porque sigue trabajando como policía - agregó su compañera Verdú- Una vez más confirmamos que no podemos tener 'ni un tantito así' de confianza en ellos, y sólo podemos contar con nuestras propias fuerzas, organizados y en la calle, para enfrentar la represión estatal".
 
También manifestó su indignación el periodista y militante de DDHH Herman Schiller, que siguió atentamente la lectura de la sentencia, y exhortó a "Seguir la lucha contra la represión policial y la justicia de clase".
 
Terminado el improvisado acto con unas palabras de Julia Karina Torres, la madre de Christopher, vivo ejemplo de dignidad, entereza y compromiso antirrepresivo, los militantes de CORREPI se desconcentraron, mientras entonaban consignas como "Yo sabía, yo sabía, jueces y fiscales protegen a la policía".
 
Los abogados Verdú y Jalil anticiparon que apelarán ante el Tribunal de Casación penal bonaerense la decisión de dejar en libertad al fusilador condenado, "situación nunca vista, ni siquiera con condenas infinitamente menores, cuando en lugar de un policía, es un pibe de un barrio. Ese va preso, por más 'apego al proceso' que pudiera tener".
 
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
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¡QUIEREN DRAGAR MAR CHIQUITA!!!!!!!

Represión a vecinos de Vicente López dia 23/09/10

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!