PARA LEER TODAS LAS NOTICIAS SOCIOAMBIENTALES

17º UAC EN BUENOS AIRES

miércoles, 8 de julio de 2009

MACRI: LOS NEGOCIOS PRIMERO, EN FAMILIA Y CONTAMINANDO

La Justicia paró la obra más importante de la ciudad por irregularidades

Oscuro como túnel del Maldonado

Un juez frenó la construcción de un pozo donde desembocarían los aliviadores porque podría contaminar el acuífero Puelche. El gobierno de Macri incrementó el presupuesto de la obra, a cargo de una empresa de su familia.

Por Eduardo Videla
http://www.pagina12.com.ar/fotos/20090708/notas/na19fo01.jpg
El obrador de Punta Carrasco, donde se construye el pozo y adonde los funcionarios porteños no permitieron ingresar a Página/12.

La Justicia porteña frenó la principal obra pública que inició el gobierno de Mauricio Macri porque su ejecución podría derivar en un riesgo de contaminación para la principal fuente de agua potable de la pampa húmeda. Se trata del canal aliviador del arroyo Maldonado, una obra iniciada meses atrás con fondos del Banco Mundial pero cuyo desarrollo fue modificado de forma tal que debería atravesar el acuífero Puelche, una reserva que nutre de agua a las principales localidades de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. El juez en lo Contencioso Administrativo Vicente Cataldo ordenó parar la excavación que se realiza en la zona de Punta Carrasco, junto a la Costanera Norte, por donde debía introducirse la tunelera que tanto promocionó el gobierno porteño, a través de algunos medios, en los días previos a las elecciones legislativas. El magistrado hizo lugar a un recuso de amparo iniciado por los legisladores de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo y Sergio Abrevaya y el ex diputado porteño Milcíades Peña. El gobierno anunció que apelará la medida.

Los denunciantes advirtieron además que, antes de empezar la obra, la adjudicataria, que había cotizado 150 millones de dólares, aumentó la cotización en otros 16 millones de esa moneda. La empresa que ganó la licitación es la constructora Ghella Italiana, que luego de obtener la adjudicación de la obra se asoció con la argentina Iecsa, una empresa que pertenece a la familia Macri: su titular fue Franco –el padre de Mauricio–, que se desprendió de la compañía antes de que su hijo asumiera como jefe de Gobierno, pero la dejó en manos de su sobrino, Angelo Calcaterra.

La controversia judicial se originó porque el gobierno de Mauricio Macri modificó en forma inconsulta el proyecto que había sido aprobado por la Legislatura en 2005. La obra, en rigor, fue gestionada durante la gestión de Aníbal Ibarra, y licitada cuando Jorge Telerman era jefe de Gobierno, con el objetivo de resolver un problema crónico: el anegamiento de la avenida Juan B. Justo y alrededores, en Villa Crespo y Palermo, cuando las lluvias son muy copiosas. Consiste en la construcción de dos túneles paralelos al actual arroyo Maldonado, que tienen la misión de favorecer el escurrimiento de los desagües provenientes del noroeste del Gran Buenos Aires.

Los canales debían desembocar, según el proyecto original, en tres pozos o “pozo trifolio” que debía tener una profundidad no superior a 31 metros. “El tema llegó a discutirse en la Legislatura, porque existía el riesgo de que la perforación pudiera contaminar el acuífero Puelche, por eso se fijó una profundidad de 31 metros, junto a todos los detalles de la obra, en el anexo 1 de la ley 1660/05”, explicó Milcíades Peña, que participó del debate de esa norma, cuando era legislador. “Estamos ante un grave hecho de corrupción económica y ambiental”, sentenció Peña.

En la denuncia, se dice que “luego de firmar el contrato, el Gobierno solicitó a la empresa (en julio de 2008) que evaluara alternativas para acelerar los plazos de ejecución previstos en la ley”. Un mes después Ghella informó que “correspondía realizar un cambio en la geometría de la perforación ubicada en Punta Carrasco –la desembocadura del Maldonado– que debía profundizarse hasta los 55 metros, atravesando el acuífero Puelche”. Y estimaron que el cambio del proyecto representó “un incremento en el costo de la obra de aproximadamente 16 millones de dólares”.

Según concluyó el juez Cataldo, después de analizar la prueba presentada y las respuestas del gobierno porteño, “la modificación propuesta es de importancia no sólo en cuanto a su mayor costo sino, en especial, porque mientras la profundidad del pozo trifolio original (31 metros) no alcanzaba el acuífero Puelche, la del pozo único (48 metros) la supera”. Para el juez, si bien el gobierno porteño sostiene que la variante no afecta al acuífero, “Ese punto es central y no aparece claramente despejado y esa claridad se torna imperativa teniendo en cuenta las eventuales consecuencias negativas que podrían producirse si efectivamente hubiera afectación”.

El juez advirtió además que “genera dudas el trámite que recibió el nuevo estudio de impacto ambiental” que “pese a su considerable extensión, es analizado y aprobado en un solo día por más de un organismo”.

Pero por sobre todo, Cataldo observa que “no se ha podido ubicar ningún acto administrativo que autorice la modificación” mencionada. “Si se decidió modificar un aspecto de tal importancia, en la obra, ello debió como mínimo instrumentarse en una orden de ejecución”, que no aparece por ningún lado. Además, el juez advierte que “la modificación contradice una ley y un decreto”, por lo cual debería modificarse por ley.

“Si la obra va a afectar el acuífero Puelche, deberían ser consultadas las provincias involucradas”, dijo el diputado Di Filippo. El acuífero, en efecto, está en el subsuelo de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y parte de Córdoba. De allí, a través de perforaciones, se nutre el consumo de agua de las familias en localidades a las que no llega la red porteña. El peligro de daño ambiental estaría dado por posibles filtraciones de líquidos de desagüe contaminados hacia el acuífero.

“O el gobierno retoma el proyecto establecido en la ley o envía a la Legislatura los pliegos para ver cómo resolvemos este desastre ambiental y económico”, concluyó el diputado Abrevaya.

Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano, a cargo de la obra, se informó que ningún funcionario hablaría del tema. Un vocero de esa cartera dijo que, pese a la resolución judicial, los trabajos continúan con la construcción de los arcos de hormigón armado que van a revestir el túnel.

eduardovidela@pagina12.com.ar

© 2000-2009 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

No hay comentarios:

Fundación Alameda_ Trabajo Infantil: Irregular allanamiento en Nuestra Huella SA

¡QUIEREN DRAGAR MAR CHIQUITA!!!!!!!

Represión a vecinos de Vicente López dia 23/09/10


Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!