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La planta de Papel Prensa está construida a la vera del río Baradero, uno de los brazos del delta del Paraná. El predio ocupa 150 hectáreas y el conjunto de edificios que componen la fábrica suma 40 mil metros cuadrados construidos. Produce 170 mil toneladas de papel de diario por año, usando 360 mil toneladas de madera. Hasta aquí, son indicadores exitosos. Pero hay otros. La planta arroja efluentes al río Baradero y esa agua necesita diez veces más oxígeno para volver a su estado natural que lo exigido en la reglamentació
El tema se destapó a mediados del 2007. Un grupo de inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación recorrió las instalaciones de Papel Prensa. Fue en el marco del Plan de Reconversión Industrial. En la visita, los inspectores tomaron muestras del agua que la planta devuelve al río Baradero, después de haberla usado en el proceso de producción del papel. Las papeleras necesitan enormes cantidades de agua, por eso se construyen siempre en las orillas de algún río. Las muestras de la Secretaría se analizaron y el resultado no fue nada alentador para el ecosistema del Baradero. “Se comprobó que el agua tenía un altísimo nivel de eco-toxicidad. Necesita 10 veces más oxígeno para recuperarse que lo permitido por las normas existentes y las que acepta la Autoridad del Agua bonaerense”, dijeron las fuentes judiciales que conocen la causa.
Ante los resultados de la inspección, Papel Prensa respondió. El juez Martín Alberto Martínez, a cargo del juzgado federal número 1 de San Nicolás, que tiene jurisdicción en Baradero, encontró sobre su escritorio un pedido de demanda declarativa. Era de la firma Papel Prensa y en contra del Gobierno Nacional. Se presentó en septiembre de 2007. La posición de la fábrica era que el Ejecutivo nacional no podía inspeccionar y sancionar la planta, porque no tenía jurisdicción en ese territorio ya que el río Baradero está completamente dentro de la provincia de Buenos Aires. “Argumentaron que sólo la autoridad ambiental provincial podía ejercer el poder de policía en la planta”, contó una de las fuentes que hablaron con Miradas al Sur. Y agregó una suspicacia: “En la demanda pedían, además, que se citara al Estado provincial como parte involucrada en la causa”. Y bajando el tono de voz, mirando a un lado y a otro para comprobar que nadie estuviese tan cerca como para escuchar, dijo: “Se nota que se sienten cómodos con la autoridad ambiental bonaerense. Es comprensible: no les dan el permiso para arrojar efluentes químicos por los niveles de contaminación, pero tampoco les cierran la planta”.
Donde mandan los privados. Después de la demanda presentada por la empresa, el juzgado pidió una nueva inspección para analizar los efluentes. Estaría a cargo del ente de residuos peligrosos, que depende del Estado Nacional. Los inspectores estacionaron la camioneta en la puerta de entrada a la planta y se bajaron del vehículo. El agente de seguridad privada que vigila la fábrica se quedó parado detrás de la reja, se acomodó la gorra negra y dijo:
–Disculpen, pero no pueden pasar.
El hombre obedecía órdenes de la jerarquía de la empresa: no dejar entrar a las autoridades del Estado Nacional. La excusa fue la demanda que habían presentado en el juzgado de San Nicolás y que todavía no había una resolución. El juez Martínez, finalmente, derivó la demanda a la Corte Suprema. Ese tribunal tendrá que definir si el Gobierno Nacional tiene autoridad para hacer inspecciones ambientales en Baradero. Hace más de un año y medio que el expediente está en la Corte y los ministros no se han expedido. Por su parte, Martínez dejó asentado que la planta funcionaba sin certificado de aptitud ambiental ni autorización para arrojar efluentes químicos. Además, del mismo juzgado, salió una orden de allanamiento para volver a analizar los efluentes de la planta. Los nuevos resultados coincidieron con la primera inspección: el nivel de oxígeno que necesitaba el agua para recuperarse de la carga química era 10 veces mayor al permitido.
Guerra de muestras. La empresa no se quedó de brazos cruzados esperando que la Corte Suprema se expida. El directorio hizo una movida hábil: su propio análisis del impacto ambiental. Estuvo a cargo del Instituto de Limnología de la Universidad de Litoral, que depende del Conicet. El estudio tuvo una sutil diferencia con los que habían realizado antes, fue un análisis de toxicidad aguda. “El único objetivo fue tratar que la causa se caiga”, dicen desde el juzgado a cargo. Ese tipo de estudio ambiental consiste en someter a un ser vivo, bacteria o planta, a permanecer un tiempo corto expuesto al agua extraída de los efluentes. Luego se analiza si tuvo alguna alteración química. Si no es así, se determina que el agua no tiene un nivel de contaminación que dañe el ecosistema. La empresa se volvió a presentar en el juzgado de San Nicolás con el resultado del estudio, que fue “positivo”, y pidió el sobreseimiento de la causa. El juzgado no hizo lugar. “Lo que tenemos que estudiar acá es el impacto ambiental crónico de la planta, no hacer un análisis de contaminación aguda”, dijo a este diario uno de los ambientalistas que conocen la causa, otra vez pidiendo reserva de su nombre. Y agregó: “Debe hacerse estudiando el impacto sobre el propio ecosistema del río y durante un período prolongado”. Ese estudio está pedido para que lo haga la Universidad de Luján y tiene un costo de 100 mil pesos. Pero las distintas secretarías, del Estado provincial y nacional, que deberían aportar los fondos, “no se ponen de acuerdo sobre a quién le corresponde”, remarcaron las fuentes judiciales.
Algo huele a podrido. En medio de esta situación están los 55 mil habitantes de San Pedro. Isabel es una señora que vivió siempre en el pueblo. Como la mayoría de sus habitantes va al río cuando el cielo está despejado y no hace mucho frío. Se agarra la nariz con dos dedos para graficar lo que va a decir:
–El olor muchas veces es nauseabundo.
Su marido, Antonio, mira al cielo con sus ojos claros, como si allí pudiese encontrar los viejos tiempos que añora. Cuenta que siempre le gustó pescar, que solía ir con otros vecinos y con su hijo.
–Yo no sé si será por la papelera, pero creéme que antes había más peces en el río.
Hay otras quejas de los vecinos: el color que tiene el agua cuando abren las canillas en sus casas, que también viene del río. Las enfermedades en la piel que sufren los que se bañan, el sabor del agua que beben. “No hay duda de que el ecosistema ha sufrido un cambio muy importante”, remata el ambientalista de la causa.
Es necesario recordar la composición accionaria de Papel Prensa. El 60 por ciento de las acciones están en manos del sector privado, la mayor parte controladas por el Grupo Clarín y el resto en manos del diario La Nación. Las fuentes judiciales subrayan que esto deja al Gobierno en minoría en las reuniones de directorio a la hora de las decisiones. De todos modos, no se puede negar la corresponsabilidad del Estado.
Para descubrir los motivos de estos cambios en el ecosistema del río Baradero, no hay otro camino que realizar un estudio prolongado en el tiempo. La empresa se resiste y sigue trabajando, arrojando efluentes con químicos sin autorización. La Corte Suprema todavía no se expide. Los recursos para que la Universidad de Luján haga el estudio no aparecen. Es la combinación perversa de un Estado lento, burocrático, sumergido en internas, y una empresa que tiene en su génesis no respetar la ley o transar con el Estado. Es lógico. Si se piensa en el origen de la planta, en un negocio que nació para que los grandes diarios no hablen sobre los crímenes de la última dictadura, no se puede esperar que se conmuevan por la salud del río Baradero.
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