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sábado, 18 de septiembre de 2010

La Justicia pidió a la Nación que informe sobre el estado de fondos para limpiar el Riachuelo

Publicado el: 16/09/2010 | Lo requirió el juez federal de Quilmes Luis Armella. Se trata de información referida a créditos afectados al plan de saneamiento de la cuenca. También exigió a ACUMAR que utilice todo el presupuesto asignado.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, requirió al jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, que informe a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el estado de los créditos internacionales afectados al plan de saneamiento del Riachuelo.
El magistrado quiere saber "la existencia, ejecución y grado de avance de los créditos internacionales vigentes y afectados al Plan Integral de Saneamiento de la cuenca, y todo crédito adquirido por nuestro país y que puedan ser asignados a acciones que guarden relación con dicho plan de saneamiento, dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la presente”.
Esto se da porque la AGN, designada por la Corte Suprema en el fallo "Mendoza" para llevar adelante el control específico de la asignación de fondos y de ejecución presupuestaria del plan de saneamiento, indicó que desde la Jefatura de Gabinete no se le estaba brindando la información requerida.
Además, Armella solicitó al presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Bibiloni, y a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que utilicen la totalidad del presupuesto asignado en las distintas áreas para el saneamiento del Riachuelo.
La orden del magistrado se dio luego de que constatara que no se estaba ejecutando la totalidad de las partidas presupuestarias destinadas a tal efecto, ni siquiera los créditos internacionales tomados para el fin específico de la limpieza de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Para el juez, “surge claramente la existencia de una sub-ejecución presupuestaria por parte de la ACUMAR”.
“A más de dos años de la ejecución del fallo, y existiendo créditos vigentes -de financiamiento nacional e internacional- y fondos disponibles suficientes, conforme lo informado por el organismo encargado del control presupuestario de la manda judicial -AGN-, resulta inexplicable la demora en la realización de las obras de infraestructura comprometidas”, agregó el magistrado.
Armella señaló que “debido al tiempo transcurrido y la maduración institucional adquirida por ACUMAR, corresponde exigir se cumplan las acciones necesarias de manera efectiva, adecuada y acabada por parte de esa autoridad y los funcionarios involucrados en cada una de ellas, conforme a los mandatos específicos y determinados que les vienen dados”.
La ACUMAR había dicho que la falta de ejecución de partidas se debía a problemas climáticos para desarrollar las obras. Ante esa explicación, el juez indicó que “resulta un argumento pueril atribuir el retraso de la ejecución presupuestaria en la realización de los trabajos programados a ‘cuestiones climáticas y de ingeniería’”.CIJ

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!

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