A principios del pasado mes de marzo, la Corte Suprema de Justicia emplazó al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Capital Federal para que en un plazo de 15 días presenten un informe conjunto sobre los trabajos que realizaron para sanear la Cuenca Matanza-Riachuelo.
La medida, que también comprende a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), se enmarca en lo dispuesto por el alto tribunal en el denominado "Fallo Mendoza", de 2008, que ordenó la limpieza de la cuenca hídrica contaminada.
En la resolución, el máximo tribunal resaltó que el informe oficial deberán hacerlo en "forma conjunta y mediante una presentación única", las administraciones que encabezan la presidente Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el gobernador Daniel Scioli.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia exigió un detalle pormenorizado sobre "el íntegro y fiel cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008, con respecto a cada uno de los objetivos y resultados establecidos".
El documento, establece que los informes "deberán señalar separadamente para cada uno de los objetivos y resultados establecidos, en forma sinóptica, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que ha sido alcanzado al 31 de marzo de 2010, cada uno de los objetivos y resultados que integraron el programa de ejecución obligatoria".
El escrito, recuerda que el seguimiento del fallo que ordenó sanear el Riachuelo, fue delegado en el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien tiene a su cargo "las ingentes atribuciones que conciernen al trámite de ejecución de la sentencia dictada".
El fallo no lo dice expresamente, pero de su contenido parece desprenderse que los plazos establecidos para la purificación del curso hídrico no se cumplieron adecuadamente.
La decisión de la Corte, adoptada en el acuerdo, está firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
En la resolución, los jueces supremos recordaron que habían habilitado "la participación ciudadana como mecanismo de control bajo la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación y de las organizaciones no gubernamentales interesadas en la tutela del ambiente".
La resolución de la Corte Suprema, una de los primeras emitidas con órdenes al Poder Ejecutivo sobre temas vinculados a la gestión, se conoce a poco más de un mes que la Auditoría General de la Nación (AGN), indicara que la ejecución presupuestaria de la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo, "sólo alcanzó el 36,90 por ciento del crédito vigente para el período enero-diciembre de 2009", con fines de saneamiento.
En ese documento, que no fue mencionado por el máximo tribunal, la AGN reveló que "la ejecución de gastos y pagos del servicio administrativo, está retrasada debido a las demoras en la asignación de cuotas de compromiso", que debieron afrontar los gobiernos nacional, bonaerense y porteño.
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