El lunes se inició una serie de jornadas de concientización contra la mega-minería contaminante, en repudio a los fondos de la Minera Bajo La Alumbrera destinados a la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En la Facultad de Medicina: Jorge Cardelli (diputado por Proyecto Sur), Enrique Viale (Abogado Ambientalista), Javier Rodríguez Pardo (Ambientalista), Alejandro Lipcovich (FUBA) y el moderador al micrófono.
En un contexto conflictivo para la cúpula de la UBA, las organizaciones convocantes exigen mayor democratización, coherencia y compromiso social de la universidad pública, solidarizándose en este caso con la comunidad catamarqueña de Andalgalá.
El origen de los fondos. Alejandro Lipcovich, presidente de FUBA, recordó que conforme a la Ley 14.771 del año 1958, las universidades nacionales reciben parte de las regalías de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) provenientes de la explotación en Bajo la Alumbrera, Catamarca.
La mitad se destina a la Universidad Nacional de Tucumán -que ahora está en investigación judicial- y el resto se distribuye entre las otras 48 casas de estudios. Si bien la minera inició sus actividades en 1998, la distribución empezó en 2008 y la suma es millonaria. El debate en la UBA comenzó el año pasado pero la rectoría aceptó su parte sin discusión y ahora está en juego una segunda porción.
En todo el país, "cuatro universidades públicas y más de 30 facultades ya rechazaron los fondos mineros", según recalcó Lipcovich. La propuesta es entonces que la criticada rectoría de la UBA actúe del mismo modo y se ponga a disposición de las comunidades afectadas para aportar en los peritajes y en la contención.
Sin embargo, continuó Lipcovich, "los decanos autoproclamados progresistas dijeron que respetan las diferentes opiniones, pero que no está claro si La Alumbrera contamina, y como en definitiva toda actividad humana contamina, propusieron aceptar el dinero y utilizarlo para aportar al debate con investigación".
¿A qué precio? El diputado Jorge Cardelli de Proyecto Sur expresó que la novedad en el problema de la minería es que "ahora es una denuncia efectiva", expuesta sin eufemismos como "saqueo y apropiación del territorio" porque modifica profundamente el estilo de vida de toda una comunidad y pone en cuestionamiento las formas productivas.
Enrique Viale, Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, agregó que la devastación también es institucional, traducida en:
- Corrupción flagrante y abierta, tanto en el ámbito de los medios de comunicación, los tribunales y los gobiernos municipales y provinciales
- Ausencia deliberada del Estado que al no dar respuestas a las necesidades sociales de su comunidad, deja el camino libre al "clientelismo empresarial" y a declaraciones mesiánicas como por ejemplo "la única solución es la Mega-Minería"
- Incumplimiento normativo generalizado que permite explicar cómo el Secretario de Minería Nacional, Jorge Mayoral, es dueño al mismo tiempo de empresas mineras que comparten directivos y domicilio legal con la multinacional Barrick Gold.
Esta misma denuncia se aplica a otros sectores productivos. En efecto, Cardelli declaró que el gobierno nacional, lejos de ser progresista, es connivente con el mismo modelo y "expresa a las corporaciones mineras, los pools sojeros, las petroleras y las grandes represas hidroeléctricas".
"La megaminería tiene siempre una ecuación ambiental negativa, principalmente por el irracional consumo de energía y agua", culminó Viale. Entonces, el ambientalista Javier Rodríguez Pardo se preguntó: "¿Hay minería posible?". En seguida se contestó rotundamente "No; de manera rentable sin contaminar y sin saqueo no es posible".
Para explicarlo, Rodríguez Pardo simplemente mencionó que ningún informe de las megamineras incluye el agua como insumo. Mientras un usuario doméstico paga por su consumo, solo La Alumbrera consume más que toda la provincia de Catamarca junta y no le alcanzaría todo el oro que extrae para pagar tal cantidad de agua que utiliza.
El especialista de Esquel aclaró que tampoco basta con pasar el manejo de la explotación a empresas estatales o perfeccionar los mecanismos de control porque sería legitimar lo que en Europa ya está prohibido.
Con firmeza Rodríguez Pardo concluyó: "¡Que se vayan! Hay que discutir qué país queremos, qué necesitamos, cuánto y de dónde lo queremos". A eso se refería Cardelli con "democratizar el territorio". "La cordillera no está lejos" repitió Rodríguez Pardo lamentando el escepticismo porteño. "La cordillera es la fábrica de agua y de los suelos, tarde o temprano lo que allí pase baja al Atlántico y al Pacífico".
Ya explicitados el origen de los fondos, el moderador cerró la mesa: "Como estudiante y ser humano tenemos que pensar qué modelo de universidad queremos y para qué producimos conocimiento".
En la Facultad de Medicina: Jorge Cardelli (diputado por Proyecto Sur), Enrique Viale (Abogado Ambientalista), Javier Rodríguez Pardo (Ambientalista), Alejandro Lipcovich (FUBA) y el moderador al micrófono.
En un contexto conflictivo para la cúpula de la UBA, las organizaciones convocantes exigen mayor democratización, coherencia y compromiso social de la universidad pública, solidarizándose en este caso con la comunidad catamarqueña de Andalgalá.
El origen de los fondos. Alejandro Lipcovich, presidente de FUBA, recordó que conforme a la Ley 14.771 del año 1958, las universidades nacionales reciben parte de las regalías de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) provenientes de la explotación en Bajo la Alumbrera, Catamarca.
La mitad se destina a la Universidad Nacional de Tucumán -que ahora está en investigación judicial- y el resto se distribuye entre las otras 48 casas de estudios. Si bien la minera inició sus actividades en 1998, la distribución empezó en 2008 y la suma es millonaria. El debate en la UBA comenzó el año pasado pero la rectoría aceptó su parte sin discusión y ahora está en juego una segunda porción.
En todo el país, "cuatro universidades públicas y más de 30 facultades ya rechazaron los fondos mineros", según recalcó Lipcovich. La propuesta es entonces que la criticada rectoría de la UBA actúe del mismo modo y se ponga a disposición de las comunidades afectadas para aportar en los peritajes y en la contención.
Sin embargo, continuó Lipcovich, "los decanos autoproclamados progresistas dijeron que respetan las diferentes opiniones, pero que no está claro si La Alumbrera contamina, y como en definitiva toda actividad humana contamina, propusieron aceptar el dinero y utilizarlo para aportar al debate con investigación".
¿A qué precio? El diputado Jorge Cardelli de Proyecto Sur expresó que la novedad en el problema de la minería es que "ahora es una denuncia efectiva", expuesta sin eufemismos como "saqueo y apropiación del territorio" porque modifica profundamente el estilo de vida de toda una comunidad y pone en cuestionamiento las formas productivas.
Enrique Viale, Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, agregó que la devastación también es institucional, traducida en:
- Corrupción flagrante y abierta, tanto en el ámbito de los medios de comunicación, los tribunales y los gobiernos municipales y provinciales
- Ausencia deliberada del Estado que al no dar respuestas a las necesidades sociales de su comunidad, deja el camino libre al "clientelismo empresarial" y a declaraciones mesiánicas como por ejemplo "la única solución es la Mega-Minería"
- Incumplimiento normativo generalizado que permite explicar cómo el Secretario de Minería Nacional, Jorge Mayoral, es dueño al mismo tiempo de empresas mineras que comparten directivos y domicilio legal con la multinacional Barrick Gold.
Esta misma denuncia se aplica a otros sectores productivos. En efecto, Cardelli declaró que el gobierno nacional, lejos de ser progresista, es connivente con el mismo modelo y "expresa a las corporaciones mineras, los pools sojeros, las petroleras y las grandes represas hidroeléctricas".
"La megaminería tiene siempre una ecuación ambiental negativa, principalmente por el irracional consumo de energía y agua", culminó Viale. Entonces, el ambientalista Javier Rodríguez Pardo se preguntó: "¿Hay minería posible?". En seguida se contestó rotundamente "No; de manera rentable sin contaminar y sin saqueo no es posible".
Para explicarlo, Rodríguez Pardo simplemente mencionó que ningún informe de las megamineras incluye el agua como insumo. Mientras un usuario doméstico paga por su consumo, solo La Alumbrera consume más que toda la provincia de Catamarca junta y no le alcanzaría todo el oro que extrae para pagar tal cantidad de agua que utiliza.
El especialista de Esquel aclaró que tampoco basta con pasar el manejo de la explotación a empresas estatales o perfeccionar los mecanismos de control porque sería legitimar lo que en Europa ya está prohibido.
Con firmeza Rodríguez Pardo concluyó: "¡Que se vayan! Hay que discutir qué país queremos, qué necesitamos, cuánto y de dónde lo queremos". A eso se refería Cardelli con "democratizar el territorio". "La cordillera no está lejos" repitió Rodríguez Pardo lamentando el escepticismo porteño. "La cordillera es la fábrica de agua y de los suelos, tarde o temprano lo que allí pase baja al Atlántico y al Pacífico".
Ya explicitados el origen de los fondos, el moderador cerró la mesa: "Como estudiante y ser humano tenemos que pensar qué modelo de universidad queremos y para qué producimos conocimiento".
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